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Fue cesanteado un empleado de la DAABO por estafa

Fue por el cobro a una particular, que pretendía cancelar una hipoteca, de la suma de 1800 dólares cuando la deuda ascendía a $444.19, con el agravante de haber informado a la interesada los datos de una CBU personal para el pago y no los correspondientes a la cuenta bancaria de la DAABO. Además alteró la base de datos del sistema para cambiar los importes de la deuda.

Pablo Campos fue cesanteado de la administración pública. El agente trabajaba en la Dirección de Administración de Activos ex Bancos Oficiales (DAABO) desde diciembre del 2016 cuando una persona lo contactó para cancelar una hipoteca (la cancelación de hipotecas inscriptas a favor de los ex Bancos de Mendoza S.A y de Previsión Social S.A se realiza a través de la DAABO).

Al 30 de noviembre de 1996, en la base de datos de la DAABO, la deuda era de $441.19, mientras que la deuda remitida al deudor por el agente ascendía a 1800 dólares. Según lo expuesto por la denunciante, el agente Campos le transmitió que para liquidar la deuda tenía que hacer un depósito por $127.552,75 o en cuotas de $150.062,06 con el agravante de haber informado a la interesada los datos de una CBU personal para el pago de la deuda y no los correspondientes a la cuenta bancaria de la DAABO dispuesta a tal efecto.

Tras detectar la irregularidad, luego de que la denunciante se acercara a la DAABO para pedir un comprobante de pago, Campos fue suspendido por 30 días sin goce de haberes. Posteriormente se dispuso su traslado preventivo, por 30 días, a la mesa de entradas del Ministerio de Hacienda y Finanzas donde nuevamente incurrió en un delito al alterar la base de datos del sistema DAABO para cambiar los importes de la deuda. Al compararla con la deuda del SIDICO se constató que el sistema de la DAABO había sido alterado por el agente.

De este modo, Campos no sólo incumplió los deberes a su cargo, sino que se atribuyó facultades que no le correspondían, modificó sin autorización datos informáticos del sistema DAABO e intentó fraudulentamente y valiéndose de su acceso a sistemas del Estado Provincial perjudicar económicamente a un particular.

Fuente: Prensa de Gobierno.

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